CAMBIOS DE MANDO

CONFLICTOS QUE LOS MOTIVARON

En Argentina, el sector sanitario ha sido manejado por Obras Sanitarias de la Nación (OSN) desde 1892, a raíz de una fuerte epidemia de cólera que arraso con Buenos Aires. Sin embargo, por motivos de un profundo deterioro en el nivel tarifario, un elevado descontrol en el gasto, particularmente por exceso de personal y un nivel insuficiente de inversiones, sumándole a todo esto las corrientes de privatizaciones que nos aquejaron en los principios de la década de los 90, este sector se vio obligado a compatibilizar las ventajas del sector privado con las demandas sociales que se le realizan al sector público.

A la hora de plantear la concesión de este servicio aparecieron algunos problemas adicionales, los cuales no brindaban un marco razonable que alentara a la inversión en el sector; a continuación detallaremos algunos de esos problemas:

· La dependencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo: esto producía la conveniencia de acotar al máximo la discrecionalidad del Ente Regulador y de utilizar un esquema poco intensivo en el uso del Poder Judicial.

· Morosidad en el pago de las facturas de las empresas públicas de agua a comparación de otros servicios: se produjo un déficit dentro de las empresas suministradoras de agua de las diferentes provincias a raíz de que grandes consumidores no efectuaban su pago.

· La falta de inversión en el sector: motivó que muchas familias se autoabastecieran de ese servicio por medio de bombas y pozos ciegos; provocando que durante los años previos a la concesión, se demandaran mejoras en ese sentido.

En el momento en que se produjo el colapso del sistema sanitario, manejado hasta ese momento por OSN, donde los empleados no contaban con un sistema de jubilación, con lo cual, la empresa tenía gran cantidad de personal con una edad promedio muy elevada. Ante esta situación, la empresa Obras Sanitarias de la Nación decidió implementar un plan de retiro voluntario, donde todos los empleados que así lo deseaban, se les pagaba una indemnización equivalente a un sueldo por cada año de servicio en la empresa, más un 10%, llevando a que la cantidad de personal descienda de 7000, a los aproximadamente 5000 que recibió la empresa privatizadora en 1993.

En mayo de 1993, el servicio se confeccionó a favor de Aguas Argentinas S.A. (empresa perteneciente al Grupo SUEZ).

El proceso para hacerse con la concesión consistía en que varias empresas presenten su oferta donde debían detallar su proyecto de inversión y cual sería la tarifa que cobrarían a la comunidad, siendo un dato curioso la ausencia de un canon obligatorio.

Por lo tanto al mejor plan de inversión con la menor tarifa se le otorgaba la concesión, obteniendo así la concesión el grupo SUEZ, integrado por capitales de origen francés que se especializan en el rubro de saneamiento, recolección de residuos y energía alrededor del mundo, pero sobre todo en Europa.

En el contrato original que firmo Aguas Argentinas SA con el Estado Nacional, estipularon que la tarifa se iría actualizando de acuerdo con el precio del dólar. Como consecuencia de la crisis que surgió en el 2001, y con la divisa extranjera alcanzando un precio cercano a los $4, el precio que pagaba la comunidad por el agua potable se desactualizó de manera abrupta, generando un aumento en el valor de los insumos que eran necesarios para continuar brindando el servicio, razón por la cual nació una puja entre la privatizada y el Estado Nacional, el primero reclamando el incremento de la tarifa, mientras que el último se oponía rotundamente por los problemas sociales que esto ocasionaría.

Para expresar su descontento, la empresa decidió no invertir en lo que se había comprometido al momento de firmar el contrato. Por su parte, el Estado reconocía que existía un aumento de insumos, pero no en los niveles cercanos al 300% que proponía la dirección del ente privatizado. Con estas condiciones, en el año 2002 comienza un proceso de renegociación entre ambas partes.

Como mediadora del conflicto, nace la Unidad de Renegociación (UNIREN), que tenía como principal función la de acercar a las partes y desenvolverse lo más objetivamente posible para arribar a un acuerdo satisfactorio para ambos.

Luego de 3 años de negociación, Aguas Argentinas S.A. decidió mandar una carta formal al Gobierno al no lograr un acuerdo sobre los puntos principales de la negociación, pidiendo que se le encuentre una solución definitiva dentro de un plazo estipulado; hecho que trajo como consecuencia la finalización abrupta del contrato en marzo del 2006.

Otro de los motivos de los cuales se nutrió el Gobierno para terminar el vínculo fue el descontento de muchos usuarios, quienes se manifestaban en forma de “piquetes”, mostrando su disconformidad con la firma y con el servicio que ésta prestaba.

Luego de darle fin al contrato, el Estado constituyo una persona jurídica bajo la forma de una Sociedad Anónima, ya que no contaba con los tiempos requeridos para que sea un ente estatal por la lentitud y la gran cantidad de trámites que esto demanda, con el objetivo de que tomara la responsabilidad de continuar con la tarea antes desempeñada por Aguas Argentinas S.A.

Esta Sociedad Anónima se la conoce hoy en día como Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA S.A.), siendo una empresa que se maneja con total independencia, dependiendo únicamente del Estado en las materias que respecta a autorizaciones para realizar compras de insumos. Manteniendo un dialogo muy cordial con el mismo sin generar tensiones ni conflictos entre las partes, ya que la conducción de la empresa esta formada por un Directorio conformado por representantes del Estado Nacional, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante de los municipios del Conurbano Bonaerense.